LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA EMPRESA
La responsabilidad social
empresarial (RSE) es hoy un concepto de uso habitual, cuyo significado ha
evolucionado, cambiando según el momento y el lugar, y que a menudo ha sido
interpretado de manera diferente. En general puede sostenerse que la RSE refleja
cómo las empresas toman en consideración las repercusiones que sus actividades tienen
sobre la sociedad. Al hacerlo, aprovechan de reafirmar los principios y los valores
en los cuales se sustentan, tanto en lo relativo a sus procedimientos y procesos
como en su relación con los demás actores. Se trata de una iniciativa generalmente
de naturaleza voluntaria y se refiere a actividades que superan el mero
cumplimiento de la legislación.
De acuerdo con esta concepción,
es probable que las responsabilidades sociales y medioambientales percibidas o prioritarias
para una pequeña empresa fabricante de muebles de Centroamérica sean diferentes
de las que asuma una gran empresa de transportes de Brasil. En general, en los sectores
intensivos en mano de obra se suele prestar más atención a las cuestiones laborales
o sociales, mientras que, por ejemplo, en las industrias extractivas y en la
silvicultura, es frecuente que la preocupación se concentre en torno a los problemas
medioambientales y las repercusiones de las actividades de las empresas sobre
las comunidades locales.
Asimismo, es probable que
las responsabilidades sociales y medioambientales de las empresas reflejen las
expectativas cambiantes de la sociedad. De esta manera, por ejemplo, lo que las
empresas consideran hoy prácticas convenientes, mañana podrían ser esenciales. Además,
es esperable que los diversos actores interesados en las actividades de una determinada
empresa asignen prioridad a demandas sociales y medioambientales diferentes,
que a veces pueden ser contradictorias o competir entre sí.
Aunque la mayoría de los códigos
e instrumentos reconocen que la RSE es una iniciativa de carácter “voluntario y
variado”, este concepto ha cobrado cada vez más importancia para el ámbito
empresarial, especialmente entre las empresas multinacionales (EMN) y aquellas de
mayor tamaño, al abordar la cuestión de las repercusiones de sus actividades sobre
la sociedad, sin apartarse de su papel fundamental en la creación de riqueza.
La RSE plantea múltiples desafíos
para las empresas, entre ellos, la necesidad de delimitar sus responsabilidades
frente al sector público, determinar hasta dónde llega su incumbencia en la
cadena de suministro y aclarar hasta qué momento futuro debería prever y planear
las consecuencias de sus actividades, factor éste particularmente importante en
lo que atañe al uso de los recursos naturales. Es fundamental el pragmatismo
acerca de las materias alcanzables mediante la RSE, porque a pesar de la
amplitud de cuestiones que esta puede abarcar, igualmente tiene límites y no sustituye
a la responsabilidad que compete a las autoridades públicas en hacer respetar la
legislación y las normas internacionales del trabajo.
En algunos casos, la no
adopción de medidas de RSE puede menoscabar la reputación de una empresa y su imagen,
imponer costos adicionales al desarrollo de sus actividades y reducir su competitividad.
Numerosos estudios indican que la aplicación de prácticas empresariales responsables
—que implica prestar atención a factores diferentes a la maximización de beneficios
de corto plazo— aumenta la rentabilidad y permite a las empresas lograr mejores
resultados que su competencia. No obstante, puede argumentarse que estos resultados
serían atribuibles al hecho de que probablemente las empresas gestionadas de
manera responsable socialmente también estén bien administradas.
El Estado puede asumir un
papel crucial en la promoción de la RSE, por ejemplo, al fomentar un clima
favorable a la realización de negocios (que asegure el respeto y defensa de los
derechos de propiedad y el imperio de la ley) y al establecer normas de buen
gobierno (por ejemplo, impulsando la transparencia y eliminando la corrupción).
Esta promoción no implica gestionar o hacer obligatorias las iniciativas de la RSE,
sino alentar un ambiente proclive al desarrollo sostenible y a la actuación responsable
de las empresas.
Los gobiernos también pueden
proveer incentivos directos para impulsar ciertos aspectos de la RSE, mediante,
por ejemplo, instrumentos fiscales “verdes” y cuidando de que en sus políticas
de adquisiciones figuren salvaguardas que obliguen a observar los códigos de conducta.
A través de este tipo de instrumentos, los gobiernos podrían promover el
trabajo decente al mismo tiempo que impulsar el uso de materiales, procesos y tecnologías
de producción ecológicamente sostenibles (por ejemplo, la utilización de
materiales reciclados, la adopción de energías renovables, el uso eficiente de
recursos naturales no renovables y la reducción de contaminantes ambientales y desechos)
así como el desarrollo de productos y servicios “verdes” (por ejemplo, automóviles
con bajas emisiones y servicios de ecoturismo). Estos instrumentos pueden
consistir en incentivos tales como la reducción de impuestos, subsidios y
préstamos a bajas tasas de interés para las empresas que al menos cumplen con
la legislación laboral y las normas internacionales de trabajo, brindan una
capacitación adecuada a los trabajadores y en cuyos procesos de producción, productos
o servicios eviten o aminoren los impactos en el medio ambiente o realzan el valor
social de los espacios naturales.
En varios países europeos
se ha impulsado muy activamente la RSE. Por ejemplo, en 2000, el Gobierno del
Reino Unido nombró un Ministro de Responsabilidad Social de la Empresa; en
2001, al promulgar la ley sobre la nueva regulación económica, Francia pasó a ser
el primer país en obligar a las empresas cotizadas en la bolsa a presentar un
balance triple (financiero, medioambiental y social); y en 2002, el Parlamento belga
aprobó una ley para promover la producción socialmente responsable a través de
la instauración de una etiqueta social voluntaria. Iniciativas como estas y las
condiciones básicas necesarias para que prospere la RSE —empresas preocupadas
por las consecuencias sociales y medioambientales de sus actividades, una
sociedad civil activa, capaz de asociarse a las empresas y autoridades
públicas, y un Estado fuerte que establezca un entorno adecuado propicio para la
estabilidad empresarial— son todavía infrecuentes en la mayor parte del mundo.
Para muchas empresas, en especial
en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es
una importante tarea granjearse y mantener una disposición social favorable. Sin
esa buena voluntad colectiva, las empresas pueden ser cada vez más vulnerables en
el actual escenario de la globalización, en que los consumidores tienen la posibilidad
de sancionarlas recurriendo a mecanismos del mercado si consideran injustas sus
prácticas. Estos desempeñan un papel influyente en el fomento de las condiciones
necesarias para que haya una demanda por empresas sostenibles. Existen muchos
grupos nacionales de consumidores que se interesan activamente en distintos aspectos
de la RSE así como entidades internacionales que desempeñan un papel clave en
la defensa de los intereses de los consumidores, en particular frente a
cuestiones cuya solución está más allá de las fronteras nacionales.
Reconociendo esta situación,
en 1985 se adoptaron las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del
consumidor (ampliadas en 1999), que recogen los “derechos esenciales” de los
consumidores y brindan una orientación sobre el consumo sostenible. Los consumidores
desean, naturalmente, productos de calidad a un precio que esté a su alcance. La
globalización ha hecho posible una mayor diferenciación entre los productos a partir
de factores adicionales al precio. Cada vez es más probable que adopten
decisiones de consumo basándose, al menos en parte, en aspectos tales como, por
ejemplo, la seguridad y la calidad de los productos, sus repercusiones medioambientales
o las que generan su elaboración y el historial en materia del respeto de los derechos
humanos y laborales de la empresa productora.
La buena reputación de
una empresa junto con un adecuado gobierno corporativo facilitan los resultados
sostenidos así como otro beneficio que traen consigo las prácticas empresariales
responsables: la posibilidad de atraer nuevos capitales y de contraer créditos
más baratos.
También es amplia la evidencia
sobre los vínculos entre las cuestiones medioambientales y sociales y el valor de
una empresa, lo que ha alentado una acelerada expansión de la llamada inversión
socialmente responsable (ISR). Esta, inicialmente, se limitaba al escrutinio
negativo de los fondos de inversión administrados en nombre de grupos
específicos o se aplicaba a una serie restringida de cuestiones concretas (como
el armamento o el apartheid en Sudáfrica), pero en la actualidad se ha
convertido en un sector de primer orden donde “se invierte de forma que se
tengan en cuenta las consecuencias de la inversión para la sociedad en general
y el medio natural, tanto hoy día como en el futuro”, señaló en 2005 el Foro
Económico Mundial. Por ejemplo, en una reciente encuesta a 20,000 personas en
20 países citada por el International Institute for Sustainable Development, se
obtuvo el resultado que en Estados Unidos, donde el 61% de las personas tiene
acciones, el 28% afirmó haber comprado o vendido sus acciones de acuerdo al
desempeño social de la empresa. Una situación similar se observa en Canadá,
Gran Bretaña, Italia y Japón.
Por tanto, corresponde a las
empresas incorporar —de forma voluntaria— en sus estrategias de competitividad los
valores éticos y las consideraciones sociales y medioambientales que recogen las
normas internacionales y las leyes y prácticas nacionales, y emplear la RSE como
un instrumento eficaz para mejorar las relaciones con la comunidad, contribuir
a mitigar los riesgos, mejorar su reputación y comercializar, vender y definir
más eficazmente su marca entre los consumidores.
Desde su esfera de acción,
la OIT contribuye activamente al debate sobre la responsabilidad social
empresarial promoviendo los valores y principios básicos que deberían orientar los
esfuerzos de las empresas para promover un trabajo decente. En este último concepto,
la OIT resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral, en relación
a oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; estabilidad
familiar y desarrollo personal; y justicia e igualdad de género.
Los esfuerzos de la OIT
para generar directrices internacionales en su ámbito de competencia se
tradujeron en 1977 en la adopción de la Declaración tripartita de principios sobre
las empresas multinacionales y la política social (denominada la Declaración
sobre las EMN). Los principios recogidos en este instrumento universal proporcionan
directrices para las empresas, los gobiernos y las organizaciones de
empleadores y de trabajadores en ámbitos como el empleo, la formación profesional,
las condiciones de trabajo y de vida y las relaciones laborales. Esta declaración
constituye un valioso instrumento para la promoción de la responsabilidad
social empresarial.
Posteriormente, en 1998,
la OIT adoptó la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo, que pone de relieve cuatro principios que han sido reconocidos como
fundamentales por todos los países miembros: la libertad de asociación y la libertad
sindical y el derecho de negociación colectiva; la eliminación del trabajo
forzoso u obligatorio; la abolición del trabajo infantil; y la eliminación de
la discriminación en materia de empleo y ocupación.
En marzo de 2000, se
revisó el texto de la Declaración sobre las EMN para incorporar los principios y
derechos fundamentales en el trabajo. Con ello se alentó a todas las partes a
hacer realidad la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo. En la última actualización de la Declaración sobre las EMN, que
se aprobó en marzo de 2006, se añadió una recomendación específica para alentar
a las empresas a tomar medidas inmediatas y efectivas, en su ámbito de
competencia, a fin de lograr, con carácter urgente, la prohibición y la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
En la Conferencia Internacional
del Trabajo de la OIT de junio de 2007, las organizaciones de empleadores, de
trabajadores y los gobiernos adoptaron una declaración sobre el papel del sector
privado en el desarrollo económico, que proporciona consejos sólidos y equilibrados
para la formulación de políticas sobre las condiciones necesarias para alentar
a que las empresas operen de manera rentable y competitiva al mismo tiempo que
cumplen con sus responsabilidades sociales y medioambientales. Estos consejos constituyen
pautas importantes para el desarrollo de políticas que impulsen el desarrollo
económico sostenible con trabajo decente.
Asimismo, actualmente la OIT,
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están trabajando de forma
conjunta en un esfuerzo promovido por el Secretario General de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, para establecer un marco coordinado del sistema de la ONU que
responda a los desafíos planteados por el cambio climático. La contribución de
la OIT en este esfuerzo consiste en impulsar una Iniciativa de Transición hacia
Empleos Verdes, diseñada para promover empresas sostenibles y crear nuevos
empleos de calidad así como para planificar con anticipación el impacto sobre
las empresas, los empleos y las consecuencias sociales que podrían resultar de
la reestructuración hacia una economía de emisiones de carbono reducidas.
TRABAJO PERSONAL PARA
CASA.
Estimados
alumnos entrar al blogeer del área, y descargar el tema “LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.” Y con este tema elaborar un esquema
llamado el árbol de los problemas.