martes, 29 de mayo de 2018

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA FRENTE AL MEDIO AMBIENTE.




LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
La responsabilidad social empresarial (RSE) es hoy un concepto de uso habitual, cuyo significado ha evolucionado, cambiando según el momento y el lugar, y que a menudo ha sido interpretado de manera diferente. En general puede sostenerse que la RSE refleja cómo las empresas toman en consideración las repercusiones que sus actividades tienen sobre la sociedad. Al hacerlo, aprovechan de reafirmar los principios y los valores en los cuales se sustentan, tanto en lo relativo a sus procedimientos y procesos como en su relación con los demás actores. Se trata de una iniciativa generalmente de naturaleza voluntaria y se refiere a actividades que superan el mero cumplimiento de la legislación.
De acuerdo con esta concepción, es probable que las responsabilidades sociales y medioambientales percibidas o prioritarias para una pequeña empresa fabricante de muebles de Centroamérica sean diferentes de las que asuma una gran empresa de transportes de Brasil. En general, en los sectores intensivos en mano de obra se suele prestar más atención a las cuestiones laborales o sociales, mientras que, por ejemplo, en las industrias extractivas y en la silvicultura, es frecuente que la preocupación se concentre en torno a los problemas medioambientales y las repercusiones de las actividades de las empresas sobre las comunidades locales.
Asimismo, es probable que las responsabilidades sociales y medioambientales de las empresas reflejen las expectativas cambiantes de la sociedad. De esta manera, por ejemplo, lo que las empresas consideran hoy prácticas convenientes, mañana podrían ser esenciales. Además, es esperable que los diversos actores interesados en las actividades de una determinada empresa asignen prioridad a demandas sociales y medioambientales diferentes, que a veces pueden ser contradictorias o competir entre sí.
Aunque la mayoría de los códigos e instrumentos reconocen que la RSE es una iniciativa de carácter “voluntario y variado”, este concepto ha cobrado cada vez más importancia para el ámbito empresarial, especialmente entre las empresas multinacionales (EMN) y aquellas de mayor tamaño, al abordar la cuestión de las repercusiones de sus actividades sobre la sociedad, sin apartarse de su papel fundamental en la creación de riqueza.
La RSE plantea múltiples desafíos para las empresas, entre ellos, la necesidad de delimitar sus responsabilidades frente al sector público, determinar hasta dónde llega su incumbencia en la cadena de suministro y aclarar hasta qué momento futuro debería prever y planear las consecuencias de sus actividades, factor éste particularmente importante en lo que atañe al uso de los recursos naturales. Es fundamental el pragmatismo acerca de las materias alcanzables mediante la RSE, porque a pesar de la amplitud de cuestiones que esta puede abarcar, igualmente tiene límites y no sustituye a la responsabilidad que compete a las autoridades públicas en hacer respetar la legislación y las normas internacionales del trabajo.
En algunos casos, la no adopción de medidas de RSE puede menoscabar la reputación de una empresa y su imagen, imponer costos adicionales al desarrollo de sus actividades y reducir su competitividad. Numerosos estudios indican que la aplicación de prácticas empresariales responsables —que implica prestar atención a factores diferentes a la maximización de beneficios de corto plazo— aumenta la rentabilidad y permite a las empresas lograr mejores resultados que su competencia. No obstante, puede argumentarse que estos resultados serían atribuibles al hecho de que probablemente las empresas gestionadas de manera responsable socialmente también estén bien administradas.
El Estado puede asumir un papel crucial en la promoción de la RSE, por ejemplo, al fomentar un clima favorable a la realización de negocios (que asegure el respeto y defensa de los derechos de propiedad y el imperio de la ley) y al establecer normas de buen gobierno (por ejemplo, impulsando la transparencia y eliminando la corrupción). Esta promoción no implica gestionar o hacer obligatorias las iniciativas de la RSE, sino alentar un ambiente proclive al desarrollo sostenible y a la actuación responsable de las empresas.
Los gobiernos también pueden proveer incentivos directos para impulsar ciertos aspectos de la RSE, mediante, por ejemplo, instrumentos fiscales “verdes” y cuidando de que en sus políticas de adquisiciones figuren salvaguardas que obliguen a observar los códigos de conducta. A través de este tipo de instrumentos, los gobiernos podrían promover el trabajo decente al mismo tiempo que impulsar el uso de materiales, procesos y tecnologías de producción ecológicamente sostenibles (por ejemplo, la utilización de materiales reciclados, la adopción de energías renovables, el uso eficiente de recursos naturales no renovables y la reducción de contaminantes ambientales y desechos) así como el desarrollo de productos y servicios “verdes” (por ejemplo, automóviles con bajas emisiones y servicios de ecoturismo). Estos instrumentos pueden consistir en incentivos tales como la reducción de impuestos, subsidios y préstamos a bajas tasas de interés para las empresas que al menos cumplen con la legislación laboral y las normas internacionales de trabajo, brindan una capacitación adecuada a los trabajadores y en cuyos procesos de producción, productos o servicios eviten o aminoren los impactos en el medio ambiente o realzan el valor social de los espacios naturales.
En varios países europeos se ha impulsado muy activamente la RSE. Por ejemplo, en 2000, el Gobierno del Reino Unido nombró un Ministro de Responsabilidad Social de la Empresa; en 2001, al promulgar la ley sobre la nueva regulación económica, Francia pasó a ser el primer país en obligar a las empresas cotizadas en la bolsa a presentar un balance triple (financiero, medioambiental y social); y en 2002, el Parlamento belga aprobó una ley para promover la producción socialmente responsable a través de la instauración de una etiqueta social voluntaria. Iniciativas como estas y las condiciones básicas necesarias para que prospere la RSE —empresas preocupadas por las consecuencias sociales y medioambientales de sus actividades, una sociedad civil activa, capaz de asociarse a las empresas y autoridades públicas, y un Estado fuerte que establezca un entorno adecuado propicio para la estabilidad empresarial— son todavía infrecuentes en la mayor parte del mundo.
Para muchas empresas, en especial en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es una importante tarea granjearse y mantener una disposición social favorable. Sin esa buena voluntad colectiva, las empresas pueden ser cada vez más vulnerables en el actual escenario de la globalización, en que los consumidores tienen la posibilidad de sancionarlas recurriendo a mecanismos del mercado si consideran injustas sus prácticas. Estos desempeñan un papel influyente en el fomento de las condiciones necesarias para que haya una demanda por empresas sostenibles. Existen muchos grupos nacionales de consumidores que se interesan activamente en distintos aspectos de la RSE así como entidades internacionales que desempeñan un papel clave en la defensa de los intereses de los consumidores, en particular frente a cuestiones cuya solución está más allá de las fronteras nacionales.
Reconociendo esta situación, en 1985 se adoptaron las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor (ampliadas en 1999), que recogen los “derechos esenciales” de los consumidores y brindan una orientación sobre el consumo sostenible. Los consumidores desean, naturalmente, productos de calidad a un precio que esté a su alcance. La globalización ha hecho posible una mayor diferenciación entre los productos a partir de factores adicionales al precio. Cada vez es más probable que adopten decisiones de consumo basándose, al menos en parte, en aspectos tales como, por ejemplo, la seguridad y la calidad de los productos, sus repercusiones medioambientales o las que generan su elaboración y el historial en materia del respeto de los derechos humanos y laborales de la empresa productora.
La buena reputación de una empresa junto con un adecuado gobierno corporativo facilitan los resultados sostenidos así como otro beneficio que traen consigo las prácticas empresariales responsables: la posibilidad de atraer nuevos capitales y de contraer créditos más baratos.
También es amplia la evidencia sobre los vínculos entre las cuestiones medioambientales y sociales y el valor de una empresa, lo que ha alentado una acelerada expansión de la llamada inversión socialmente responsable (ISR). Esta, inicialmente, se limitaba al escrutinio negativo de los fondos de inversión administrados en nombre de grupos específicos o se aplicaba a una serie restringida de cuestiones concretas (como el armamento o el apartheid en Sudáfrica), pero en la actualidad se ha convertido en un sector de primer orden donde “se invierte de forma que se tengan en cuenta las consecuencias de la inversión para la sociedad en general y el medio natural, tanto hoy día como en el futuro”, señaló en 2005 el Foro Económico Mundial. Por ejemplo, en una reciente encuesta a 20,000 personas en 20 países citada por el International Institute for Sustainable Development, se obtuvo el resultado que en Estados Unidos, donde el 61% de las personas tiene acciones, el 28% afirmó haber comprado o vendido sus acciones de acuerdo al desempeño social de la empresa. Una situación similar se observa en Canadá, Gran Bretaña, Italia y Japón.
Por tanto, corresponde a las empresas incorporar —de forma voluntaria— en sus estrategias de competitividad los valores éticos y las consideraciones sociales y medioambientales que recogen las normas internacionales y las leyes y prácticas nacionales, y emplear la RSE como un instrumento eficaz para mejorar las relaciones con la comunidad, contribuir a mitigar los riesgos, mejorar su reputación y comercializar, vender y definir más eficazmente su marca entre los consumidores.
Desde su esfera de acción, la OIT contribuye activamente al debate sobre la responsabilidad social empresarial promoviendo los valores y principios básicos que deberían orientar los esfuerzos de las empresas para promover un trabajo decente. En este último concepto, la OIT resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral, en relación a oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo personal; y justicia e igualdad de género.
Los esfuerzos de la OIT para generar directrices internacionales en su ámbito de competencia se tradujeron en 1977 en la adopción de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (denominada la Declaración sobre las EMN). Los principios recogidos en este instrumento universal proporcionan directrices para las empresas, los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores en ámbitos como el empleo, la formación profesional, las condiciones de trabajo y de vida y las relaciones laborales. Esta declaración constituye un valioso instrumento para la promoción de la responsabilidad social empresarial.
Posteriormente, en 1998, la OIT adoptó la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que pone de relieve cuatro principios que han sido reconocidos como fundamentales por todos los países miembros: la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
En marzo de 2000, se revisó el texto de la Declaración sobre las EMN para incorporar los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Con ello se alentó a todas las partes a hacer realidad la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. En la última actualización de la Declaración sobre las EMN, que se aprobó en marzo de 2006, se añadió una recomendación específica para alentar a las empresas a tomar medidas inmediatas y efectivas, en su ámbito de competencia, a fin de lograr, con carácter urgente, la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
En la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT de junio de 2007, las organizaciones de empleadores, de trabajadores y los gobiernos adoptaron una declaración sobre el papel del sector privado en el desarrollo económico, que proporciona consejos sólidos y equilibrados para la formulación de políticas sobre las condiciones necesarias para alentar a que las empresas operen de manera rentable y competitiva al mismo tiempo que cumplen con sus responsabilidades sociales y medioambientales. Estos consejos constituyen pautas importantes para el desarrollo de políticas que impulsen el desarrollo económico sostenible con trabajo decente.
Asimismo, actualmente la OIT, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están trabajando de forma conjunta en un esfuerzo promovido por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para establecer un marco coordinado del sistema de la ONU que responda a los desafíos planteados por el cambio climático. La contribución de la OIT en este esfuerzo consiste en impulsar una Iniciativa de Transición hacia Empleos Verdes, diseñada para promover empresas sostenibles y crear nuevos empleos de calidad así como para planificar con anticipación el impacto sobre las empresas, los empleos y las consecuencias sociales que podrían resultar de la reestructuración hacia una economía de emisiones de carbono reducidas.




TRABAJO PERSONAL PARA CASA.

Estimados alumnos entrar al blogeer del área, y descargar el tema “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.” Y con este tema elaborar un esquema llamado el árbol de los problemas.